Se requiere un Estado realmente unitario y descentralizado, que facilite el protagonismo y riqueza en diversidad de sus habitantes, territorios y comunidades (naciones), que promueva una sana democracia, gobernabilidad y un modelo de desarrollo y gobernanza realmente sostenible.
Las tres desigualdades más extendidas y persistentes estudiadas en nuestro país son sin dudas la desigualdad social, de género y la territorial. La desigualdad socio-espacial como la gran causante de la fractura social en Chile y se hace más evidente y elocuente la dimensión territorial, ya que el lugar donde nacemos, no sólo determina nuestras condiciones y expectativas de vida, sino también nuestras oportunidades, se ven limitadas por este mismo contexto.
Es preciso, avanzar en una trasformación radical en materia de descentralización y dejar este modelo gradual, temerario, incierta y tutelada, que dé mayores garantías de gobernanza, inclusividad y sostenibilidad de cara a los desafíos que nuestro tiempo nos exige.
Necesitamos definitivamente tener no solo un gobierno nacional, sino que también verdaderos gobiernos regionales y locales, y no meras administraciones.
La descentralización fiscal es ineludible para avanzar en las direcciones señaladas anteriormente. En la actualidad el gasto fiscal de gobiernos regionales y municipalidades es de 14,5%. Una nueva ley de rentas regionales debe fortalecer nuevas formas de financiamiento regional compartido entre ministerios y gobiernos regionales, transferir al gobierno regional las competencias necesarias que permitan incidir sobre recursos sectoriales, crear nuevas fuentes de recursos propios para las regiones. La meta debe ser al menos estar en promedio de la OCDE que es materia de gastos públicos de 40% (GORES) y 31% municipios. (OCDE, 2017).
A continuación, algunos aportes para avanzar en un proceso de descentralización más sostenible:
Política de Descentralización
Probablemente el desafío más significativo, hoy todos hablan de descentralización, pero no hay una apuesta de Estado, sobre cuál es el puerto hacia donde queremos llegar, definiendo una hoja de ruta e imagen objetivo sobre un futuro deseado. El problema es que nos arriesgamos a un proceso débil, manipulable y que pueda cooptarse por intereses que distan de mejorar la calidad de vida de las personas y avanzar hacia un estado moderno, democrático y descentralizado. Esta misma DEBE establecer de manera clara el régimen competencial de cada nivel, estableciendo una gobernanza moderna e interactiva para dichos efectos. A su vez, debiera dar la oportunidad de reflejar la diversidad y ventaja de nuestros territorios.
Rol SUBDERE.
En el escenario actual y futuro según diversas propuestas sobre descentralización. Poco se ha discutido sobre el rol de SUBDERE. En un modelo donde las regiones reclaman más autonomía, más recursos y la relación ya no es de dependencia directa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ¿cuál es el rol que debiera jugar SUBDERE para garantizar un proceso estable y sostenible en materia de descentralización? Falta una discusión y reflexión sincera, libre de mezquindades y trasformar ese rol paternalista a uno más de agencia que dé garantías de un proceso de modernización y ajuste en nuestro sistema político administrativo concordante con nuestro siglo. SUBDERE debe reformular su rol, transitar hacia un servicio altamente técnico encargado de acompañar y apoyar la correcta ejecución y fiscalización de los recursos y programas transferidos. Que funcione más en la lógica de agencia de calidad o Institución tipo superintendencia.
Delegados presidenciales y fortalecimiento de la Descentralización Política.
Es una figura controversial, que muchos casos podría significar una demora en el desarrollo de la inversión, planificación y ordenamiento territorial. Es esperable su superación y ajuste de funciones con la creación del Ministerio de Seguridad. No obstante, aun consientes de la unidad de acción del Estado, es preciso una revisión de sus competencias y rol a nivel regional como también su relación con el Gobierno Regional. Modernizar esta figura y su potencial transformación requiere ajustes normativos y definición de modelos de gobernanza que faciliten el desarrollo regional. Asimismo, surge la necesidad de robustecer el sistema de prerrogativas constitucionales otorgadas en la constitución a Gobernadores y Alcaldes, por lo tanto, se prevé necesario que en caso de verse afectados por proyectos de ley puedan solicitar pronunciamiento ante el tribunal constitucional.
Descentralización FISCAL
Es imperativo y de una responsabilidad política establecer un mecanismo que de respuesta y destrabe el centralismo en materia fiscal. El modelo actual Ahoga nuestras regiones e impide una proyección de su propio desarrollo. Debemos avanzar es una flexibilización fiscal, impuestos territorial y ampliar en materia de compensación en aquellas comunas y regiones donde la estructura extractiva de nuestro sistema económico deja consecuencias irreparables. Ello debe necesariamente ir acompañado de mayores estándares de probidad, trasparencia y rendición de cuentas. Una iniciativa que surge que podría contribuir son los presupuestos plurianuales, junto con otorgar un rol más prominente a los municipios en el anteproyecto regional de inversiones (ARI), junto con mejorar (definir) la regla fiscal a nivel regional y municipal.
Fondo Apoyo a la Gestión Subnacional
Se propone superar y modernizar la gestión de este fondo. Hoy se ve afectado por presiones de lo que la autoridad de turno propone, dejando un espacio importante a la discrecionalidad. Para ello se sugiere su revisión y como se trata de apoyo a gestión que su asignación sea directa a GORE, vinculado a su plan de mejora continua o plan de calidad de la gestión pública, debiendo SUBDERE acompañar la formulación de proyectos y entregue la aprobación de estos, bajo criterios objetivos o línea de acción que apunten al fortalecimiento de los GORES, y así DIPRES pueda entregar el financiamiento requerido.
Programa de Mejoramiento Urbano y Programa de Mejoramiento de Barrios (PMU y PMB)
Del mismo modo se observa con preocupación, la discrecionalidad en la asignación de los recursos de los programas PMU y PMB. Líneas de acción fundamentales para el fortalecimiento de los municipios. Se requiere establecer criterios y umbrales objetivos para su asignación y que estén sujetos casi “exclusivamente” a la autoridad turno. Lo que permita de manera real fortalecer la gestión de los municipios y su capacidad de levantar y ejecutar proyectos.
Dotaciones Regionales insuficientes
Es imperativo transparentar la dotación requerida por GORES de acuerdo con el momento y proceso de descentralización que viven. Se cree que es necesario un traspaso de competencias a estos, no obstante, más allá de lo “administrativo” que hasta ahora ha sido dicho proceso, sin un alcance real de promover el desarrollo regional, se requiere robustecer con equipamiento y profesionales a los GORES a fin de que dicho proceso sea ejecutado de manera adecuada y la ciudadanía perciba que la descentralización efectivamente tiene un impacto positivo en el territorio.
Traspaso de competencias y fortalecimiento de la Descentralización Administrativa
Chile requiere de una Descentralización administrativa real. Una que acompañe el fortalecimiento del GORE y su posicionamiento como agentes encargados del desarrollo regional, esto va mucho más allá que los esfuerzos hasta hora hechos. Constituye no sólo presidir instancias sin mayor decisión o materias de orden. Eso no va en la dirección de una descentralización real y moderna. Por cierto, esto debe ir acompañado de hacer más estricto las consecuencias en caso de faltas a la probidad y la transparencia y exigir mayor rendición de cuentas.
Actualizar Fondo Común Municipal
Se propone revisar su composición, y municipios aportantes. Es imperativo avanzar en mayor equidad en estas materias. Y establecer un monto per cápita por habitante que promueva mayor justicia territorial y responder a las necesidades de la ciudadanía. Estas pueden definirse en base a dimensiones del desarrollo asociadas al Índice de Bienestar Territorial y ahí priorizar la inversión y recursos en las comunas más empobrecidas.
Probidad, transparencia y rendición de cuentas
Robustecer la normativa en materia de probidad, trasparencia y rendición de cuentas es un imperativo a la luz del momento que vivimos y lo que exige la sociedad. Debemos ser capaces de sentar las bases para que el sector público supere las expectativas de la ciudadanía en estas materias. No hay espacio para corrupción y malversación de fondos. Esto atenta contra nuestra democracia y el proceso de descentralización. Esto en particular respecto de la posibilidad de asignar recursos de manera directa.
Participación Ciudadana y revocación de mandato
Hoy las sociedades son mucho más complejas, y exigen mayores estándares y participar de las decisiones públicas, en particular cuando estas atentas directamente contra sus posibilidades de desarrollo. En esto hay que atender potenciales conflictos de coaptación, por ello necesitamos un Política Moderna, que garantice espacios y equilibrios de fuerzas entre el sector público y ciudadanía. Dicho lo anterior, en caso de evidenciarse faltas graves, las que serán indicadas en fondo y forma, poder posibilitar revocación de mandatos.
Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), como parte de la planificación territorial y desafío de un alcance e impacto real en el territorio
La planificación territorial es un desafío permanente. Esta tiene efectos directos en la calidad de vida de las personas, de ahí la importancia que tiene para el desarrollo sostenible de nuestras regiones y comunas. La política Nacional de Ordenamiento Territorial, mandata el cómo debe considerarse este proceso. Para ello indica que serán los planes regionales los que oriente cómo se organizará el territorio. Aquí observamos con preocupación la flexibilidad y baja importancia de este instrumento, dado que indica es orientador y su aplicación será en aquellos territorios no normados por un instrumento de planificación. Dejando un ámbito de aplicación pequeño respecto de su importancia. Proponemos que sea el PROT el que defina la utilización de TODO el territorio, y sean los otros instrumentos los que mediante “capas” se acoplen a este según las indicaciones que tenga. Eso dará mayor eficacia a su utilización y ordenará en base a importancia y alcance los distintos instrumentos que participan del sistema de planificación territorial.
Asimismo, se requiere que el Consejo de Desarrollo Territorial junto con la COMICIVYT definan el sistema de planificación Nacional y un modelo de gobernanza clara y sinérgico entre los niveles de gobierno. Como también revisar y promover herramientas para el desarrollo y sostenibilidad de nuestras ciudades (consolidadas y emergentes). Las proyecciones son desalentadoras para el 2050 se espera que el 70% población sea urbana (ONU, 2022), debemos ser capaces de preparar nuestras ciudades y sociedad, para que nuestra convivencia no se trasforme en la ley de la selva.
Unidades de Control Regionales.
Las unidades control fueron creadas mediante la ley 21.074 para poder contribuir en la revisión y legalidad de los actos administrativos. Su instalación ha sido lenta por parte de los GORES y muy resentida debido a las características de este cargo (Dura 5 años en el cargo). Los hechos recientemente sabidos, dan cuenta de la necesidad de contar con un órgano como este, quienes apoyados en las contralorías regionales puedan apoyar y dar mayores garantías en la gestión institucional de las administraciones subnacionales. Asimismo, se requiere reforzar su rol en el nivel local y regional, atendiendo a su carácter revisor y auditor, y favoreciendo la excelencia en la gestión pública de municipios y GORES.
Sistema de Compras Públicas Municipios y GORES
Se requiere que todos los procesos de compras y adquisiciones publicas sea a través del sistema definido para ello. Lo que implica reforzar esfuerzos para que Municipios y GORES puedan desarrollar sus procesos mediante dicho sistema y la Ley 19.886 y así evitar conductas equivocas. Si bien la Ley no obliga a municipios (art 39° Ley 19.886) se requiere revisar dicha posibilidad a la luz de hechos altamente cuestionables en estas materias, y así elevar los estándares de probidad y trasparencia.
Política de Protección y Desarrollo Insular.
Estamos en deuda con nuestros territorios insulares y sus habitantes, su condición geográfica determina sus posibilidades y oportunidades y el Estado debe ser capaz de esta presente en todo el territorio nacional en igualdad de condiciones. Hoy solo tenemos una experiencia para Rapa Nui con la entrada en vigencia de la ley, la que entre otras cosas determina su capacidad de carga, disponibilidad de servicios, mecanismos de sostenibilidad y sustentabilidad en particular en lo que refiere a la disposición de residuos sólidos domiciliarios o contaminantes entre otras materias. NO podemos tener instrumentos aislados para territorios que cuyo denominador común es igual (islas), debemos construir una política que resuelva dichas brechas con perspectiva de sostenibilidad. Chile tiene un número importante de territorios insulares que requiere una intervención especializada que además reconozca su cosmovisión y modelo de desarrollo. (Ej: Archipiélago de Chiloé, Archipiélago de Juan Fernández, Santa María, Mocha, Puerto Edén, Guaitecas, entre otros.) Experiencia internacional Noruega, Nueva Zelanda. Dinamarca, dan cuenta de logros importantes, (Ej. Este último país, en materia de sostenibilidad, por ejemplo, en la isla de Samso, promovió el desarrollo de energías limpias y definir la mejor manera de uso de tipos de energía como: eólica, hídrica, solar), y que hoy generan mayor energía de la que consumen el excedente se vende a la red eléctrica danesa. Fuente: https://evolution.skf.com/es/heroe-insular-soren-hermansen/)
