Hace tres meses, Luis Silva, recién elegido consejero del Partido Republicano para la Región Metropolitana, expresaba con entusiasmo su compromiso de no impulsar «una Constitución republicana ni de derecha».

En lugar de eso, se comprometía a erigir una casa de la que cada chileno y chilena pudiera sentirse parte. Esta poderosa metáfora evocaba un espacio de convivencia y pluralismo en el contexto del Proceso Constitucional.

Sin embargo, la situación actual muestra un Consejo que parece haber extraviado su rumbo. Las enmiendas presentadas por los republicanos dejan en evidencia una inclinación hacia el conservadurismo más radical, que dista mucho de la visión inicial de inclusión y representación de todos los ciudadanos.

Algunas de estas propuestas, como la restauración del control preventivo sustantivo del Tribunal Constitucional, que le otorgaría la capacidad de pronunciarse sobre el contenido de los proyectos de ley, parecen ser un intento de restringir la democracia en lugar de fortalecerla. Otro ejemplo es la propuesta de limitar el derecho a la huelga de los sindicatos exclusivamente a las negociaciones colectivas, lo cual constituye un golpe para la clase trabajadora y un retroceso alarmante en la larga lucha por los derechos laborales en un país que ha sufrido décadas de abusos.

A pesar del compromiso del Partido Republicano por enmendar estas propuestas, la votación llevada a cabo en la sesión plenaria de ayer dejó en claro una dirección opuesta. Durante la jornada del 20 de septiembre, el Consejo celebró su segunda sesión plenaria y emitió su voto sobre las normas del Capítulo II, que aborda los derechos y libertades fundamentales. Esta decisión configuró peligrosamente el proyecto de Constitución en lo que respecta a los avances en materia de género y a la concepción del Estado de derecho.

Uno de los cambios más significativos fue la modificación de la redacción constitucional, sustituyendo la frase «que está por nacer», presente en la Carta Magna vigente, por «quien está por nacer». Según el análisis del doctor en derecho Constitucional de la Universidad Católica, José Ignacio Núñez, esta diferencia entre el uso de «quien» y «que» es de una naturaleza radicalmente opuesta. Mientras que «que» se refiere al objeto de protección, «quien» implica una interpretación que sugiere que la vida comienza en el momento de la concepción. Escenario que podría poner en peligro las leyes existentes, como el aborto en tres causales y la píldora del día después, representando un grave retroceso en los estándares civilizatorios alcanzados hasta ahora.

Otra norma que ha levantado preocupación es la siguiente:

 

«Las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal (…).»

Este precepto plantea la posibilidad de lo que podríamos llamar un «perdonazo» para los reclusos de Punta Peuco, individuos que enfrentaron juicio y condena por graves violaciones a los derechos humanos en el pasado. Este enfoque representa no solo una afrenta a los avances en la protección de los derechos fundamentales, sino también un claro desequilibrio en el Estado de derecho, pues la norma parece estar diseñada de tal manera que estos prisioneros puedan, de manera legal, liberarse de las consecuencias de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período de dictadura.

Por otro lado, las medidas migratorias propuestas y aprobadas por el Partido Republicano plantean serias preocupaciones en términos jurídicos y prácticos. La expulsión de migrantes ‘’clandestinos’’ y la idea de enviar a presos a cumplir sus condenas en sus países de origen no son de materia constitucional y son inviables en la realidad.

En primer lugar, la propuesta de expulsar a migrantes que ingresen de forma «clandestina» plantea una serie de desafíos jurídicos que deben ser abordados con cuidado y precisión. La identificación minuciosa de lo que constituye un ingreso clandestino y las consecuencias legales asociadas a esta definición son cuestiones intrincadas que requieren una evaluación exhaustiva.  Además, estas medidas no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos, que establecen que los derechos fundamentales deben ser respetados sin importar la situación migratoria de una persona. En términos jurídicos, esto cuestiona seriamente la legalidad y la viabilidad de la expulsión de migrantes bajo tales circunstancias.

Asimismo, la propuesta de enviar a los presos a cumplir sus condenas en sus países de origen suscita una serie de interrogantes legales y logísticos que requieren un análisis exhaustivo. La garantía de un trato justo para estos presos en sus naciones de origen es una preocupación de máxima relevancia que no debe pasarse por alto en ningún aspecto. Además, la efectiva implementación de tal medida plantea una serie de desafíos prácticos que no deben subestimarse. Desde una perspectiva jurídica, esta propuesta plantea cuestionamientos sustanciales en relación a su viabilidad y legalidad, y su ejecución exitosa parece representar un reto colosal tanto en términos prácticos como legales.

Las medidas migratorias propuestas por el Partido Republicano parecen ser más una estrategia de populismo político que una solución jurídica a los desafíos relacionados con la migración. Estas propuestas carecen de una base legal sólida y plantean serias preocupaciones en términos de derechos humanos y cumplimiento de estándares internacionales. En lugar de abordar de manera seria y fundamentada los problemas migratorios, estas normas parecen diseñadas para capitalizar temores y la coyuntura nacional.

El Partido Republicano ha virado drásticamente en su compromiso de construir una Constitución que abarque a toda la sociedad chilena. En lugar de una Carta Magna inclusiva, han optado por una versión partisana, ultra moralista y conservadora que amenaza con revertir los avances alcanzados. Esta propuesta no solo pone en riesgo derechos fundamentales, sino que también busca imponer una única línea de lo que es correcto e incorrecto, socavando la diversidad de opiniones y perspectivas en la sociedad chilena. Esto, lejos de ser un avance, representa un retroceso en términos de pluralismo y derechos civiles.

La insatisfacción de la ciudadanía ante este rumbo se refleja en diversas encuestas, como la de Cadem. Los números hablan por sí mismos: un escaso 23% votaría a favor del proyecto republicano, mientras que un contundente 57% votaría en contra de esta agenda conservadora y moralista.

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, cometió un error de cálculo al creer que su sólido respaldo electoral equivalía a un cheque en blanco para imponer valores conservadores de forma inquebrantable. La realidad de estas elecciones ha revelado un fenómeno interesante: un voto que oscila en contra de quienes ostentan el poder, como un péndulo que responde a la percepción de que nuestro sistema democrático avanza con la lentitud de un caracol.

Kast ha dejado pasar la oportunidad de demostrar que su partido y sus ideales pueden perdurar en el tiempo. En su lugar, su liderazgo ha proyectado una visión de un país con menos derechos, mayor precariedad y un aire de impunidad que solo parece beneficiar a un grupo selecto. La incapacidad de mantener un control efectivo sobre sus feligreses revela una alarmante falta de cohesión interna. Solo hace algunas semanas, el ex candidato presidencial aseguraba que Republicanos podría llamar a votar ‘’en contra’’, pese a liderar el proceso, lo que denota una falta de liderazgo evidente sobre sus filas.

El Partido Republicano traicionó su promesa inicial de construir una Constitución que abrazara a todos los chilenos. En su lugar, impulsaron enmiendas conservadoras y votaron a favor de normas moralistas que amenazan los avances sociales. Este proceso constitucional, que en un principio se vislumbraba como un espacio de progreso y desarrollo, ha extraviado su rumbo y navega peligrosamente hacia aguas que ponen en riesgo tanto la democracia como los derechos fundamentales. 

Chile merece más que esta traición a su visión de futuro.

Periodista. Presidente del PPD Providencia.

Comenta


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.