El rol de la sociedad civil organizada en una democracia es ineludible, y eso requiere reglas que fortalezcan la transparencia y el buen uso de dineros públicos y privados también.
EL CONSENSO DE WASHINGTON
A fines de la década de 1980 se impuso en los países del sur de América el llamado: “Consenso de Washington”. Dicho consenso consistía en imponer a los países a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Reserva Federal de Estados Unidos una serie de medidas de liberalización económica. Las propuestas planteadas por John Williamson iban desde la desregulación, la privatización de las empresas públicas, y la seguridad legal para la propiedad industrial privada, entre otras.
Chile, alumno aplicado de un modelo de libre mercado que incluso sorprende a los países más capitalistas del mundo hizo del consenso de Washington un mantra.
Fue así como allí donde antes el Estado realizaba tareas industriales, ahora lo harían empresas y capitales privados. Un proceso con luces y sombras ya analizadas por diversos economistas nacionales y extranjeros, pero que en nuestro país desarrolló un efecto sistémico en las tareas del Estado. Las medidas de liberalización económica en Chile son viabilizadas además por la constitución de 1980 que permitió que la educación, la salud, la vivienda y las políticas sociales se convirtieran en servicios prestados por terceros.
¿Cómo, entonces, un Estado que se reduce logra cumplir las exponenciales necesidades de una población que entró con velocidad a una sociedad de consumo y endeudamiento; Una nueva clase media emergente que salía de la pobreza extrema y que comienza a demandar más y más servicios?
Es en ese espacio que aparecen las llamadas instituciones derecho privado sin fines de lucro, más conocidas por usted como fundaciones, ONG, corporaciones, asociaciones culturales, deportivas, gremios. Un denso entramado de organizaciones que tienen como propósito hacer lo que el Estado dejó de hacer.
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
El Estado entrega a estas organizaciones sin fines de lucro una tarea y los recursos necesarios para llevarla a cabo, y además les resuelve un enorme problema: lentitud y burocracia. Ya que, debido a los bullados escándalos de corrupción, los gobiernos han ido tomando medidas cada día más sólidas para racionalizar y dar garantías de transparencia y probidad pero, como consecuencia, hace que cada vez que el Estado desea comprar o ejecutar un proyecto o programa esto se vuelva inmensamente lento. Supongo que el lector ya tiene bastantes ejemplos en mente.
Frente al caso conocido en las últimas semanas donde una fundación pone en riesgo la fe pública, se debe exigir investigación, pero no caer en la política de matinal, que grita con fuerza para obtener algunos likes, pero que no ha sido capaz de colocar en el centro de la discusión nuestro modelo de Estado y qué tareas debe o no debe hacer, y cómo debe hacerlas.
El rol de la sociedad civil organizada en una democracia es ineludible, y eso requiere reglas que fortalezcan la transparencia y el buen uso de dineros públicos y privados también.
Pero una reacción frente al problema no puede sostenerse desde la pulsión emocional, sino de propuestas serias. Las instituciones de control y sus autoridades son los llamados a tener prudencia y templanza en estos momentos de crisis. Porque la complejidad que implica reaccionar sin pensar dejará como siempre a esas miles de personas que el Estado no puede ayudar al desamparo.
