Si la clase política (también la oposición) logra demostrar que es posible hacer las cosas mejor. Puede existir una oportunidad para que una nueva constitución sea un paso adelante en mayor descentralización. Mientras tanto, sólo se ven nubes negras en el horizonte
Las últimas encuestas (sondeos de opinión) nacionales, dan como resultado un mal pronóstico para el nuevo, y segundo proceso constitucional. Debe ser una pregunta obligada comenzar a pensar qué ocurrirá si la tendencia sigue y, por lo tanto, qué ocurrirá en el país, pero por sobre todo en las regiones y su impacto en el desarrollo económico y social.
Un sistema político deslegitimado, visto en general por los ciudadanos como ineficiente, incapaz de cumplir a tiempo con las múltiples necesidades concretas, se encuentra en la base de las respuestas de las personas que desconfían de que un proceso constituyente organizado por los partidos políticos sea la solución a dichos problemas.
¿Nos quedaremos entonces con esta constitución? Eso significaría que las regiones del país continuarían en un marco constitucional y por ende un cuerpo de leyes que concentran el poder económico, político y cultural en el centro del país. Que sin la capacidad de que nuestras autoridades locales cuenten con competencias y recursos necesarios para construir hospitales, escuelas, carreteras o viviendas, seguiremos a la espera de que “el poder central” sin importar de qué color sea el gobierno, se fije en nosotros.
Por más instrumentos de planificación que generemos en los niveles locales y regionales. Las regiones no tendrán capacidad real de llevar a cabo tareas que promuevan el crecimiento económico y desarrollo necesario que fortalezcan el territorio desde la escala local. Seguiremos abrazados a la esperanzas de que algún día un gran empresa aterrice y con ello nos salve de la pobreza. Continuaremos dependiendo de que el Estado central luego de largas presiones políticas y sociales nos devuelva los recursos económicos. El royalty, por ejemplo, es una gran noticia, pero incompleta. No porque no sea bueno tener más dinero, sino porque se requiere tener las capacidades políticas y administrativas para tomar decisiones autónomas.
La sombra del rechazo parece estar basada en una entendible desconfianza al sistema político. Los extremos políticos no parecen estar viendo el fondo de la cuestión, prefieren mantener sus posiciones para que algún día en el futuro su hipótesis alcance el éxito. Pero se equivocan en mi opinión, porque retrasarán los procesos de descentralización quizás una década más.
El gobierno puede contribuir a recuperar la confianza con una agenda económica y social robusta que cumpla con urgencias concretas sobre todo en el bolsillo de las familias más vulnerables y las clases medias. Si la clase política (también la oposición) logra demostrar que es posible hacer las cosas mejor. Puede existir una oportunidad para que una nueva constitución sea un paso adelante en mayor descentralización. Mientras tanto, sólo se ven nubes negras en el horizonte.
